noviembre 27, 2011

Precios administrados

Walter Spurrier Baquerizo

Precios administrados

Desde octubre está vigente la Ley de Control del Poder de Mercado: 93 artículos y 36 disposiciones adicionales dedicados a las empresas financieras y de comunicación.

Se vendió la ley como indispensable para impedir que empresas poderosas pongan trabas de ingreso al mercado a nuevas competidoras, para disuadir que las empresas grandes concluyan acuerdos para repartirse el mercado, o que unas empresas compren a las competidoras y logren mayor dominio en el mercado.

En fin, una ley, como existe en otros países, para evitar las distorsiones en el mercado.

En su discusión legislativa se le incorporaron algunas de las observaciones que se hicieron. Pero no se tocó la crítica más de fondo: el uso arbitrario que puede hacerse de la ley. Por dos motivos: uno, que es muy vaga en sus disposiciones. A diferencia de otras leyes, no trae un glosario, y no se sabe qué se quiere decir con cada concepto clave.

El otro, porque tendrá un superintendente, escogido dentro de una terna por el Consejo de Participación, organismo controlado por el Ejecutivo y que bajo la Constitución del 2008 desplaza al Congreso en la designación de altos funcionarios. Indirectamente, el superintendente lo nombrará el presidente. No hay suficiente distancia entre el regulador y el Ejecutivo.

A esas críticas se suma otra: que se incluyen disposiciones sobre las inversiones de la banca y los medios de comunicación, asuntos ajenos al ámbito de la ley. Surgió entonces la duda si el verdadero propósito de la ley acaso es aumentar el poder del Ejecutivo sobre las empresas, pues ese es el hilo que enlaza la ley con estas disposiciones.

A esa interpretación abonaron las declaraciones del presidente, que con esa ley se busca cambiar la estructura de poder del país.

El 22 de noviembre, cinco semanas después de que entrara en vigencia la ley de control de poder de mercado, Venezuela adopta una Ley de Costos y Precios Justos. En Venezuela ahora son administrados los precios de alimentos, higiene personal y de hogar, repuestos de vehículos, medicamentos y servicios de salud. La sobrerregulada economía venezolana está sujeta a otra engorrosa regulación.

Coincidentalmente, en un publinoticiero oficial de las ocho p.m. del miércoles 23, para exponer las bondades del nuevo paquete tributario, y para enfatizar que ni el pueblo de la clase media iba a verse afectado en manera alguna por la batería de nuevos impuestos, se amenazó a quienes suban precios que les iba a caer el peso de la Ley de Control del Poder de Mercado.

La mentada ley dice poco sobre precios, más allá de definir como abuso del poder de mercado que las empresas se pongan de acuerdo para fijar precios o que discriminen a favor de unos clientes y contra otros. Pero ahora se anuncia que va a ser una Superintendencia de Precios.

Un gobierno que exhibe gran virtuosismo en manejar señales y mensajes, materia que no deja al azar, ¿acaso nos quiere hacer saber que tiene como objetivo enrumbar la economía por el despeñadero chavista? ¿Es ese el sentido de la radicalización que anunció y que vivimos?

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